El Síntoma RJC

Carta abierta del Prof. Dr. José Manuel Gómez Muñoz, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
en la Universidad de Sevilla, al que agradezco enormemente su colaboración.

Me dicen mis compañeros de la Universidad Rey Juan Carlos que la crisis de prestigio que la profesión universitaria viene atravesando desde que estalló el caso Cifuentes, no es más que el síntoma definitivo de la descomposición de la universidad pública española. Comprendo su pesimismo, solo hay que ponerse en la piel de quien tenga que explicar que es profesor de la RJC. Una vergüenza internacional. La enfermedad ha tenido un proceso largo que empezó por devorar a la figura del profesor universitario. Las agencias de evaluación de la actividad investigadora han acabado en poco más de quince años con el sentido del magisterio en la formación de profesorado universitario. Los profesores en formación, precarios, explotados, infraretribuidos, desbordados, ya no pueden permitirse el lujo de tener un maestro. Los maestros, que sigue habiéndolos, ya no pueden hacer nada por el futuro académico de sus pupilos, más allá de entregarles las herramientas para la investigación y la docencia.

Ahora la carrera académica consiste en rellenar los casilleros de los expedientes de acreditación al precio que sea, sin orden ni programa específico, sin criterio formativo alguno, a salto de mata. Lo formal se ha impuesto sobre lo material, el parecer ser es preferible al ser, el marketing académico por encima de la solvencia y el conocimiento académicos. Los profesores en formación son ahora freelancers en proyectos y grupos de investigación, marineros en busca de un embarque favorable que les permita acreditar sus méritos ante las agencias. Hemos laminado inteligencias preclaras en la prensa de la emigración y el desempleo y somos incapaces de dar estabilidad a profesores que llevan vidas de privaciones en una insana espiral de contratos precarios. Tomo prestado a Zygmunt Bauman el adjetivo: la universidad líquida

Que la investigación universitaria no ha sido nunca un asunto de Estado es una obviedad en el caso de España, con la inversión en I+D+i más baja de todos los países OCDE de similar potencial económico. Que la formación del profesorado ha dejado de ser una tarea clave en el funcionamiento de los departamentos universitarios para pasar a ser un trámite vía master y doctorado es una realidad incontestable. Todavía hace veinte años, para ser catedrático tenías que haber realizado el cursus honorum de la profesión, lo que implicaba haber tenido escuela, empezando como becario, haber aprendido de la mano de un maestro y haber conocido los entresijos de la profesión desde sus rudimentos. El camino te podía llevar a la meta, si valías para hacer el camino. Esto se ha acabado ya, pues no hay ni medios ni tiempo para formar profesores. Todas las reformas universitarias a partir del año 2000 han terminado infligiendo heridas mortales a la universidad pública, porque ni a la política le ha preocupado el futuro de la institución, ni la institución ha sido capaz de gestionar su autonomía universitaria para conseguir un modelo viable, independiente y sostenible de universidad. No hay autonomía si tu presupuesto depende en un 90% del Estado.

Seguramente, en algún momento, esta clase política de nivel ínfimo, envuelta en una vendetta folletinesca a cuenta de sus currículos fraudulentos, tomará conciencia de que lleva meses de desgobierno y descontrol de los asuntos públicos. Da igual, cuando los gobiernos son el problema –en Bruselas, en Madrid o en Barcelona- los ciudadanos aprenden a sobrevivir hasta que cambie el ciclo, aunque toda una generación –o dos-pierda sus oportunidades de vida y prosperidad. Pero, precisamente por esto, la universidad pública debe reaccionar frente a esta crisis de desprestigio de la institución universitaria. El síntoma Rey Juan Carlos indica que el proceso de demolición lenta y controlada de la universidad pública se está acelerando ante la ausencia de reacción de la propia universidad.

España ha evolucionado políticamente en estos más de cuarenta años de democracia con un laxo sentido de la ética pública. La universidad pública, también. Es lamentable. La banalización de la vida universitaria hace que la clase política utilice a la universidad como trampolín para sus ambiciones personales. He visto gente que ha impartido clases durante unas semanas como profesores asociados, interinos o, simplemente invitados, y han colocado para toda la vida en sus tarjetas de visita el título de “profesor de universidad”. Es pura ignorancia de lo que significa la vida académica. Pero la universidad no ha hecho nada para evitarlo. Nadie se ha preocupado. De ahí al mercadeo con los títulos universitarios, solo ha habido un paso corto. Sinvergüenzas, en este patio de Monipodio que es España, tiene que haberlos también en la universidad.

La Conferencia de Rectores tiene el deber de afrontar sin más demora esta crisis de reputación sin precedentes. Qué torpeza, cuánta indolencia, cuánto desamparo con esta CRUE. Y debe hacerlo de manera tajante e inflexible porque la demanda de la ciudadanía es que la institución universitaria siga siendo un referente de probidad para la sociedad. La clase política seguirá a lo suyo, porque la universidad no está en las prioridades de la política de Estado, salvo cuando se trata de reducir el déficit público. Harán y desharán a su antojo. La investigación y la formación como gasto, y no como inversión. Lo han hecho todos los gobiernos, unos con más inquina ideológica que otros, sin que ninguna reforma legislativa del sistema universitario español haya redundado en beneficio directo de una universidad pública más eficiente, más rigurosa, más competitiva, más responsable y más autónoma. Pena de país.

Motín universitario

Estaban agazapados. Lo tenían todo muy preparado para lanzarlo en el momento oportuno. Apenas ha tomado posesión el nuevo gobierno, ni siquiera se ha proclamado oficialmente, y pensaron que ya era el momento de hacerlo. Los sindicatos empezaban a levantar sus voces exigiendo una solución al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Han pasado más de diez meses (desde el 31 de diciembre de 2015) con el sistema inhabilitado impidiendo al profesorado de la universidad española que pudiese demostrar sus méritos en el sistema de acreditación nacional para la promoción a los cuerpos de titular y catedrático de universidad.

El Real Decreto 415/2015, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios, aprobado desde junio del año pasado, presagiaba lo peor. Un cambio de sistema con nuevos criterios de baremación, inclusión de un nuevo indicador de la labor universitaria, la transferencia de conocimiento y la experiencia profesional, que viene a sumarse a los ya conocidos de docencia, investigación y gestión educativa y científica. Una nueva función más a exigir al PDI multitarea universitario. Además, el sistema de valoración sigue restando fuerza a la docencia, mantiene el alto peso de la investigación, y le da a la gestión y la transferencia un papel compensador de las carencias en investigación en su caso. Sobre el papel, el real decreto no mejoraba el anterior sistema de acreditación e incluso podía dotarlo de mayor arbitrariedad al basarse en un sistema de niveles compensables en los que no se especifican los méritos necesarios (en calidad y cantidad) para alcanzar cada uno de los cuatro niveles: A, excelente; B, bueno; C, compensable; y D, insuficiente.

Pero lo peor estaba por llegar. Por eso han esperado a tomar posesión en el nuevo gobierno y que desde el Ministerio se haya lanzado el globo sonda de la paralización de la LOMCE, adalid de la lucha del PSOE para justificar su abstención indultaria al Presidente Rajoy.

Era el momento. Estos profesores universitarios andarán pensando en las vacaciones de Navidad y, encerrados en sus zulos investigadores, produciendo artículos y papers a destajo porque piensan que esto les dará acceso al sueño dorado de la estabilidad y la pérdida de la precariedad laboral. Seguid remando en las galeras mientras recortamos en presupuesto para la investigación. Seguid con fuerza mientras os lastramos con más docencia presencial a grupos numerosos, a la vez que os exigimos mejorar la calidad docente para certificar nuestras universidades con sellos de excelencia high tech. Remad, malditos, que la nave no puede seguir flotando sin vuestro trabajo y el sistema debe prevalecer y mantener el status quo.

Nos la han vuelto a meter. Una vuelta de tuerca más. Los nuevos criterios de evaluación publicados en la ANECA suponen unas exigencias desproporcionadas en algunos casos e inalcanzables para muchos en otros. Injusta por la deuda que el sistema universitario tiene con una plantilla de profesores que siguen luchando por la calidad de la universidad pública y que no deja de recibir latigazos reglamentarios, cambios en las reglas del juego, recortes en los fondos para la investigación, congelación de salarios, incremento de las tareas burocráticas y administrativas, por citar solo algunas.

No quiero perder la esperanza de recuperar una universidad crítica, capaz de luchar por unos fines justos, capaz de defender el trabajo serio, riguroso y de calidad que realiza el profesorado de la universidad pública española. Y todo ello a pesar de nuestros gobernantes, dirigentes autonómicos y gestores universitarios que están encallando en dique seco nuestra querida universidad pública. Es el momento de levantarnos de las galeras, de iniciar un motín contra el penúltimo ataque a la dignidad de nuestro trabajo como docentes e investigadores y de luchar para poder seguir teniendo esperanzas de recuperar nuestra maltrecha universidad pública.

 

Sin promoción en la universidad (ni falta que les hace)

Los cánones periodísticos aconsejan que el titular del artículo recoja una idea llamativa y de rabiosa actualidad. Me temo que, por esta vez, no cumpliremos ni con la una ni con la otra, porque la ausencia de promoción entre el profesorado de la universidad pública española ni es de actualidad ni creo que le importe a mucha gente. La poca actualidad se la da el hecho de que esta falta de promoción real entre el PDI (personal docente e investigador) universitario se viene dando desde el año 2012, cuando el Gobierno actual, el de los recortes en casi todo lo público, decidió vía decreto-ley (uy, ¡qué casualidad! y en el BOE de 30 de diciembre de 2011) la congelación a la contratación de empleo público como medida de contención del déficit público en nuestro país. La escasa atención que suscita el tema es porque, al fin y al cabo, el profesorado universitario es una panda de privilegiados endogámicos, acomodados e insostenibles. Demasiado lejos han llegado ya con ser funcionarios y no dar un palo al agua como para que encima quieran promocionar como el resto de los funcionarios del Estado (jueces, inspectores de Hacienda, abogados del estado, militares, …).

Si a pesar de mi mal titular sigues con interés la lectura de este post, trataré de explicar, por si te interesa, el trato discriminatorio que se les está dando al cuerpo de profesores de universidad tras la imposición por parte del Gobierno de una promoción supeditada a la llamada tasa de reposición. Esto supone que, para promocionar en la universidad pública española, los docentes fijos y funcionarios solo podrán ascender (promocionar) en su carrera en función de las jubilaciones y defunciones que se produzcan entre sus compañeros/as. Y esto, independientemente de que vayan alcanzando los méritos, probados mediante un duro sistema de acreditación en la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA-Acredita), en donde una comisión de expertos, ajenos a la universidad de origen del candidato, tras evaluar sus méritos docentes, investigadores y de gestión, es la que otorga o deniega el certificado de acreditación para la categoría superior a la que pretende promocionar.

La tasa de reposición ha sido para los años 2012-2014 del 10%, lo que significa que por cada diez profesores que se jubilan, fallecen o abandonan la universidad, solo se permite la promoción a categoría superior de uno, lo que implica la pérdida de nueve puestos de profesores universitarios. La tasa de reposición del 10% ha supuesto en la realidad una tasa de pérdida de empleo de profesorado universitario del 90% al perderse 9 de cada 10 profesores que se han jubilado o fallecido en la universidad pública española en estos tres años . En el 2015, año electoral por excelencia, el Gobierno ha suavizado la tasa de reposición elevándola hasta el 50% (LGPE 2015). Sin embargo, en este tasa ha incorporado, no solo la promoción a los cuerpos docentes funcionarios -profesor titular de universidad (TU) y catedrático de universidad (CU)-, sino que ha incluido e incluso reservado parte de esta tasa para que se consuma en la contratación de profesorado contratado doctor (PCD), figura de personal laboral fijo en la universidad.

Que las ofertas de empleo público en estos años en las universidades españolas hayan sido exiguas por la aplicación de esta tasa de reposición, además de significar la pérdida de personal docente en la universidad publica en este periodo ha supuesto vulnerar el derecho a la promoción de todo empleado público reconocido en el art 14. c del Estatuto Básico del Empleado Público (Ley 7/2007 EBEP). El incumplimiento de esta norma, con rango superior a la del decreto ley que limita el derecho a la promoción, ya ha sido denunciado ante los tribunales de justicia por algunas organizaciones sindicales. Además, algunas impugnaciones realizadas desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de plazas convocadas por diferentes universidades que no aplicaban la restrictiva tasa de reposición, están siendo resueltas favorablemente por los Tribunales Superiores de Justicia dando la razón a las universidades (STSJ Navarra de 18.6.2014, entre otras) y considerando fuera de derecho el uso de esta tasa para la promoción interna del profesorado. Este hecho abre una cierta luz hacia un camino que se ha convertido en muy oscuro para los miles de profesores universitarios acreditados para plazas de TU y CU que desde el año 2012 y siguientes esperan una merecida y justa promoción en su carrera universitaria.

Esperemos que en los próximos meses, y si se confirman los datos macro-económicos positivos, la excusa del recorte presupuestario no les sirva a este o posteriores gobiernos para seguir minando las posibilidades de promoción de un cuerpo de funcionarios, tratado de forma discriminada respecto a otros funcionarios del Estado, cuya promoción depende de sus méritos y de las necesidades de la propia administración en la que desarrollan su función, y no de restrictivas fórmulas asociadas a la pérdida de puestos docentes en la universidad pública española. Pero mucho me temo que la excusa económica de los recortes a la contratación pretende camuflar una intención, ya más que demostrada por este Gobierno y su tándem ministerial (Wert-Gomendio), de desmantelar la universidad pública a la que irá agotando por desgaste y a cuyo profesorado irá abatiendo y desmotivando ante la ausencia de promoción y estabilidad.

Si además saben que a este colectivo se le puede golpear (LOU, LOMLOU, Plan Bolonia, decretos recortadores, 3+2,…) y sigue adormecido, encajando cada golpe con una tímida reacción, encerrado en sus despachos fabricando JCRs y sin demostrar una verdadera conciencia del ataque que nuestra institución está recibiendo, muy fácil lo van a tener para seguir recortando y debilitando la universidad pública, en la que no solo no se podrá promocionar, sino ni siquiera sobrevivir. Esta actitud de resignación, a veces te lleva a pensar que han sido tantos los golpes y tantos los cambios sufridos que al profesorado no les hace falta promocionar para seguir dando todo, cada día, por esta universidad pública que languidece.

Foto Portada: Archivo del Departamento de Periodismo II. Universidad de Sevilla

Tocado y casi hundido

Ni que decir tiene que mi deseo era haber titulado esta entrada con un mensaje ganador. Titular que el éxito de la huelga de universidades ha hecho rectificar al Gobierno y que, además de derogar el RD 43/2015 (Decreto 3+2), ha decidido reunirse con los representantes sindicales universitarios, los representantes estudiantiles y con la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas) para iniciar los trabajos de análisis, diagnóstico y solución (al fin y al cabo somos científicos) para una universidad pública que necesita mejorar. Titular que recogiera que se ha logrado el refrendo por parte de la clase política que, de una vez por todas, ha asumido como un reto de estado la estabilidad de la educación pública para conseguir con su desarrollo, el crecimiento de una sociedad más formada y democrática.

La jornada de ayer, sin embargo, me dejó una lectura muy diferente a la deseada. No soy ningún ingenuo y sé que la hoja de ruta de este ministerio, con Wert a la cabeza, está claramente definida (ya he escrito sobre eso en posts anteriores: «La universidad pública languidece» y «3 más 2 no son 5«). No esperaba una reacción por parte del Gobierno, que sin oposición política (ni las opciones políticas de antes ni las emergentes se mojaron en la defensa de la universidad pública en la jornada de huelga de ayer) y con mayoría absoluta, solo está preocupado por decidir las fechas de aprobación de los próximos decretos reformistas (el que flexibiliza las exigencias a las universidades privadas y el de modificación del sistema de acreditación del profesorado). Del Ministerio y de sus planes nada esperaba y por ello, nada me ha sorprendido.

Pero sí esperaba más de mis compañeros y compañeras, del PDI de la Universidad de Sevilla que en una jornada de huelga convocada por una nutrida representación de colectivos sindicales y estudiantiles, aunando las voces de toda la plantilla de la US, profesores y personal de administración y servicios, y la voz de los estudiantes, decidió que su apoyo a la huelga consistía en no acudir a su centro de trabajo, cerrado en la mayoría de los casos y con ausencia de alumnos y aprovechar la jornada para resolver asuntos propios de diversa índole.

Mi máximo respeto a aquellos compañeros y compañeras que, no estando de acuerdo con los motivos o con la necesidad/oportunidad de esta jornada de huelga, decidieron no sumarse a la misma. Imagino que en estos casos accedieron a sus puestos de trabajo, firmaron sus clases vacías de alumnos y trabajaron con normalidad en sus despachos durante toda la jornada, como si de un día cualquiera se tratase. Sin duda, la ciencia y la producción científica de la US habrá logrado un gran avance con la actividad investigadora (actividad docente no hubo) de estos compañeros y compañeras que ayer decidieron no secundar la huelga.

Concentración 24M

Pero me consta que otros muchos compañeros y compañeras apoyaron la huelga. No acudieron a sus puestos de trabajo mostrando, con ello, su apoyo y convencimiento de que existen motivos para reivindicar la defensa de la universidad pública por esta vía. Y hacer huelga, al menos para mí, significa participar en las acciones de protesta y mostrar nuestro rechazo y malestar con la reforma impuesta de forma activa, visible, comprometida y coherente con los principios que defendemos. Y eso hubiese significado si hubiéramos estado cientos de profesores y profesoras concentrados a las puertas del Rectorado en la mañana de ayer y miles de profesores manifestándose por la tarde en el recorrido que concluimos en la plaza de la Encarnación (las Setas). Y no los vi ni en una ni en otra acción. Ni tampoco vi a nuestro Rector, ni a nadie de su equipo, a pesar de su airado discurso en contra del Decreto 3+2. Sus motivos tendrán.

Espero que en próximas acciones y movilizaciones que nos veremos obligados a convocar para seguir defendiendo la universidad pública en la que creemos, no haya excusas ni motivos para no participar en la defensa de esta universidad pública que debilitan con cada reforma. Porque creo que a ninguno de estos compañeros y compañeras, huelguistas ausentes y acomodados, se les habrá ocurrido pensar que su puesto de trabajo no está en juego. Ninguno pensará que no peligra la calidad de la universidad pública a la que irán nuestros hijos e hijas. Nadie olvidará que el modelo de educación superior, como lo hemos concebido hasta hoy, que garantizaba la igualdad de oportunidades de todos, es un modelo que está tocado, que está siendo atacado y que si seguimos con nuestra actitud pasiva, conformista y poco comprometida, no tardará mucho en estar hundido.