Privatizando la universidad pública

¿No os parece que el pasillo a las universidades privadas está, más que abierto, alfombrado? Con esta frase concluía un post publicado en este mismo blog con el título “La universidad pública languidece“. Hace unos días, la noticia sobre la primera privatización en la universidad pública española saltaba a los medios. La Universidad Rey Juan Carlos de Madrid ha firmado un acuerdo con una fundación privada para gestionar las prácticas del grado en Odontología que se imparte en esta universidad.  Para los que creemos y nos dedicamos a la universidad pública por convicción, ver este proceso privatizador, que ya muchos anunciaban hace años, convertido en una realidad imparable causa una extraña sensación de rabia y de impotencia.

Los distintos gobiernos del Partido Popular, tanto los presididos por Aznar como por Rajoy, no han escondido esta intención desde el ministerio competente en materia de universidad. La regulación de la LOU (2001) de la ministra del Castillo daba un espacio muy favorable para el nacimiento y crecimiento de las universidades privadas, como así ha ocurrido en la última década.  Los decretos recortadores del actual ministro Wert han debilitando la universidad pública favoreciendo, indirectamente, la oferta privada universitaria.

El periodo de gobiernos socialistas con la presidencia de Zapatero no han dejado de ser cómplices y actores principales en este proceso. Desde sus ministerios, la regulación fue menos proclive a establecer normas que favoreciesen el proceso. Pero tampoco hubo una clara convicción de buscar un pacto de estado en educación que impidiese que el proceso de debilitamiento de la universidad pública y las políticas de recortes posteriormente aplicadas pudiesen haberse frenado. Y en el caso de Andalucía, con gobiernos socialistas en las tres últimas décadas, y principalmente en el último quinquenio con los recortes en la financiación de la investigación y en los complementos salariales autonómicos, no hemos salido mejor parados en este proceso. Un proceso lento, pero sin pausa, que busca la parálisis casi institucional de las instituciones universitarias para lograr su debilitamiento. Las puertas abiertas a la irrupción de los nuevos campus privados, anglosajones en apariencia, que poco a poco van formando parte de la oferta universitaria superior en nuestro país.

Y por si fuera poco, desde las propias universidades públicas, que lejos de defender su modelo de enseñanza basado en la investigación y la docencia de calidad inspirada en el principio de igualdad de oportunidades, se apuesta por un modelo de concesión de franquicias de la marca a través de los centros adscritos. Estos ofertan las mismas titulaciones, reconocidas oficialmente por universidades públicas como reclamo para su clientela, a pocos metros de los campus universitarios públicos. Con una diferencia: las exigencias para el profesorado de estos centros privados adscritos dista mucho de ser tan meticulosa en sus procesos de selección, y mucho menos en los de promoción, con el profesorado responsable de impartir las mismas materias que conducen a la obtención de títulos homólogos que los de la universidad pública.

La universidad pública de calidad es y deberá seguir siendo el bastión que hace que los pueblos puedan avanzar y crecer, económica, social y culturalmente, garantizando la igualdad de oportunidades a todos/as. Si seguimos permitiendo su menosprecio, su abandono por parte de las políticas de inversión pública y su desprestigio social, seremos cómplices de su destrucción y no podremos escandalizarnos del retroceso social cuando nuestros hijos/as no puedan acceder a la formación universitaria en las mismas condiciones de igualdad de la que disfrutó nuestra generación.

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