No seré yo el que niegue que la universidad pública española tiene innumerables aspectos a mejorar. Desde la calidad de la docencia y la investigación hasta la ineficacia en la gestión de los responsables políticos universitarios y los propios equipos de gobierno de las universidades, pasando por el déficit de infraestructuras y el exceso de oferta académica en campus y universidades innecesaria nacida al vaivén político de unos y otros gobiernos de España y sus autonomías en los últimos 15 años. Que en el siglo XXI hayamos tenido tres leyes de regulación universitaria (LRU 1983, LOU 2001 y LOMLOU 2007) y ahora una legislatura que pretende solucionar los problemas de la universidad a base de decretos, es del todo insostenible en cualquier país desarrollado de nuestro entorno, esos con los que nos quieren comparar cuando hablan de rankings internacionales.
Y por estos rankings internacionales, que clasifican a las universidades de todo el mundo, bebe los vientos el actual Ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, el ministro peor valorado de los últimos años. Y no lo digo yo, lo dice el informe que el MECD tiene previsto presentar esta semana, la Guía de buenas prácticas para la participación de las universidades españolas en los rankings internacionales (noticia en El País, 13/02/15), que nos aconseja y orienta sobre cómo debemos «arreglarnos» los investigadores para salir «guapos» en la foto de los rankings de excelencia internacional universitarios (Shanghai, THE y QS). Estos rankings, probablemente influidos por intereses privados de empresas como Thomson Reuters (USA) o Elsevier (Holanda) propietarias de los dos principales indices de impacto de las revistas (JCR y SJR, respectivamente), nos sirven para evaluar el trabajo que realizamos los profesores universitarios y la excelencia de nuestra investigación y por ende, de las universidades en las que desarrollamos nuestra actividad.
Tampoco seré yo el que menosprecie la evaluación de la actividad del profesorado universitario, ni en su faceta docente ni en la investigadora. Nuestra actividad como empleados públicos, nuestra responsabilidad como formadores de los profesionales de nuestro país y nuestra obligación de contribuir al desarrollo tecnológico y científico con nuestra investigación, exige un sistema de evaluación del nivel de desempeño de nuestra actividad. Otra cosa es que comulguemos con sistemas de evaluación impuestos desde tribunas políticas ideológicamente sesgadas hacia el deterioro de la universidad pública; que entendamos una reforma hecha de espaldas al pensamiento generalizado de la comunidad universitaria y sin buscar ningún tipo de consenso y que quiera imponer dicho sistema como la panacea para resolver los problemas que nuestra universidad arrastra desde hace décadas.
Exigir a las universidades públicas españolas la necesidad de irrumpir en estos rankings en posiciones de privilegio (Top 200) como única muestra de nuestra calidad como instituciones de enseñanza superior, es cómo pedir que equipos de segunda división con presupuestos seis veces menores que los equipos de primera marquen entre sus objetivos, no sólo subir de categoría en poco tiempo, sino incluso disputar con opciones la Champions League. Intentar compararnos con universidades como Harvard, Stanford o California-Berkeley es no ser realistas ni consecuentes con la realidad y con la política presupuestaria del Gobierno en los últimos años con relación a la universidad pública española.
Si ya partimos con una desventaja en términos presupuestarios, el hecho de que en el periodo entre 2010-2014, los presupuestos para la financiación de las universidades publicas españolas hayan descendido más de un 15% (23% si consideramos el incremento del IPC), lo que supone una pérdida de más de 1500 millones de euros en los últimos cuatro años y que el gasto en universidades en nuestro país haya pasado de suponer un 0,97% del PIB en 2010, a un 0,83% del PIB en 2014 (por debajo de la media de la UE y de la OCDE), no parece que sea muy coherente exigir unas mejoras espectaculares en cuanto a la producción científica y a la mejora de la posición de nuestras universidades en la tabla clasificatoria.
Y claro, los recortes llevan a reducción del profesorado. Según datos del MECD (Datos básicos sistema universitario español 2013-14), aproximadamente un 5% menos de profesores en la universidad pública en el periodo 2009-2013, situación que se agrava a partir de 2012 con la imposibilidad de promocionar al imponer el gobierno una tasa de reposición del 10%, lo que supone que solo promociona un profesor por cada diez que se jubilan. La situación es inversa en la universidad privada, que ha visto aumentar su plantilla casi un 40% en este periodo, de forma que mientras las universidades públicas recortan en presupuesto y reducen sus plantillas, las universidades privadas crecen en número de alumnos, aumentan su oferta académica y contratan profesorado, en muchos casos investigadores doctores formados en la pública. Puede que el recorte en las becas a estudiantes universitarios, cifrado en un descenso del 21% en los dos últimos años y el aumento de las tasas universitarias, con una subida del 45% desde 2009, sean elementos a considerar en la pérdida de competitividad de nuestra universidad pública y un pasillo abierto para el crecimiento de las universidades privadas.
Y todo esto regulado a golpe de decreto. Primero, el RDL 14/2012 que además de exigir un mayor nivel de notas al alumnado para poder optar a la concesión de becas en busca de la excelencia claro -lo que de facto ha significado que se concedan menos becas- obligaba a las universidades a regular la dedicación docente de su profesorado en virtud de un complemento retributivo de investigación (sexenios de investigación), de forma que aquel profesor que no tuviese un sexenio vivo (evaluado dentro de los seis años anteriores), incrementaría su dedicación docente (sus horas de docencia) en un 33%, lo que no beneficiaría a la excelencia docente, pero eso ahora qué más da.
Y segundo, el RD 43/2015, el conocido como decreto 3+2 (y su rechazo en redes sociales con el hashtag #Noal3más2). Convertir los casi recién nacidos grados de cuatro años (se inician en el curso 2010/2011) en grados de 3 años (para que las familias ahorren en gasto universitario, según dijo el propio ministro Wert) y complementar la formación superior con másteres de dos años, a precios muy por encima de las ya aumentadas tasas universitarias de grado.
En resumen, bajamos la financiación a la universidad pública, le exigimos resultados científicos a nivel de universidades que sextuplican los presupuestos, aumentamos la dedicación a la docencia con criterios ajenos a la mejora de la calidad de enseñanza, aumentamos las tasas universitarias a la vez que subimos el nivel de exigencia para conceder menos becas a los estudiantes, reducimos la plantilla de profesorado (con menos estudiantes y más carga docente, nos van sobrando) y regulamos un sistema de menos años en el grado que casi obliga a cursar un postgrado a precio mucho mayor. Y todo esto acompañado de una campaña de desprestigio al sistema publico universitario, endogámico, acomodado y lleno de vagos y maleantes.
¿No os parece que el pasillo a las universidades privadas está más que abierto, alfombrado?
Ya lo adelantaba Juan Carlos Aragón (@CApitanVeneno) en esta letra de este pasodoble del Carnaval de Cádiz 2002. Os lo recomiendo escuchar.