Carta abierta del Prof. Dr. José Manuel Gómez Muñoz, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
en la Universidad de Sevilla, al que agradezco enormemente su colaboración.

Me dicen mis compañeros de la Universidad Rey Juan Carlos que la crisis de prestigio que la profesión universitaria viene atravesando desde que estalló el caso Cifuentes, no es más que el síntoma definitivo de la descomposición de la universidad pública española. Comprendo su pesimismo, solo hay que ponerse en la piel de quien tenga que explicar que es profesor de la RJC. Una vergüenza internacional. La enfermedad ha tenido un proceso largo que empezó por devorar a la figura del profesor universitario. Las agencias de evaluación de la actividad investigadora han acabado en poco más de quince años con el sentido del magisterio en la formación de profesorado universitario. Los profesores en formación, precarios, explotados, infraretribuidos, desbordados, ya no pueden permitirse el lujo de tener un maestro. Los maestros, que sigue habiéndolos, ya no pueden hacer nada por el futuro académico de sus pupilos, más allá de entregarles las herramientas para la investigación y la docencia.

Ahora la carrera académica consiste en rellenar los casilleros de los expedientes de acreditación al precio que sea, sin orden ni programa específico, sin criterio formativo alguno, a salto de mata. Lo formal se ha impuesto sobre lo material, el parecer ser es preferible al ser, el marketing académico por encima de la solvencia y el conocimiento académicos. Los profesores en formación son ahora freelancers en proyectos y grupos de investigación, marineros en busca de un embarque favorable que les permita acreditar sus méritos ante las agencias. Hemos laminado inteligencias preclaras en la prensa de la emigración y el desempleo y somos incapaces de dar estabilidad a profesores que llevan vidas de privaciones en una insana espiral de contratos precarios. Tomo prestado a Zygmunt Bauman el adjetivo: la universidad líquida…

Que la investigación universitaria no ha sido nunca un asunto de Estado es una obviedad en el caso de España, con la inversión en I+D+i más baja de todos los países OCDE de similar potencial económico. Que la formación del profesorado ha dejado de ser una tarea clave en el funcionamiento de los departamentos universitarios para pasar a ser un trámite vía master y doctorado es una realidad incontestable. Todavía hace veinte años, para ser catedrático tenías que haber realizado el cursus honorum de la profesión, lo que implicaba haber tenido escuela, empezando como becario, haber aprendido de la mano de un maestro y haber conocido los entresijos de la profesión desde sus rudimentos. El camino te podía llevar a la meta, si valías para hacer el camino. Esto se ha acabado ya, pues no hay ni medios ni tiempo para formar profesores. Todas las reformas universitarias a partir del año 2000 han terminado infligiendo heridas mortales a la universidad pública, porque ni a la política le ha preocupado el futuro de la institución, ni la institución ha sido capaz de gestionar su autonomía universitaria para conseguir un modelo viable, independiente y sostenible de universidad. No hay autonomía si tu presupuesto depende en un 90% del Estado.

Seguramente, en algún momento, esta clase política de nivel ínfimo, envuelta en una vendetta folletinesca a cuenta de sus currículos fraudulentos, tomará conciencia de que lleva meses de desgobierno y descontrol de los asuntos públicos. Da igual, cuando los gobiernos son el problema –en Bruselas, en Madrid o en Barcelona- los ciudadanos aprenden a sobrevivir hasta que cambie el ciclo, aunque toda una generación –o dos-pierda sus oportunidades de vida y prosperidad. Pero, precisamente por esto, la universidad pública debe reaccionar frente a esta crisis de desprestigio de la institución universitaria. El síntoma Rey Juan Carlos indica que el proceso de demolición lenta y controlada de la universidad pública se está acelerando ante la ausencia de reacción de la propia universidad.

España ha evolucionado políticamente en estos más de cuarenta años de democracia con un laxo sentido de la ética pública. La universidad pública, también. Es lamentable. La banalización de la vida universitaria hace que la clase política utilice a la universidad como trampolín para sus ambiciones personales. He visto gente que ha impartido clases durante unas semanas como profesores asociados, interinos o, simplemente invitados, y han colocado para toda la vida en sus tarjetas de visita el título de “profesor de universidad”. Es pura ignorancia de lo que significa la vida académica. Pero la universidad no ha hecho nada para evitarlo. Nadie se ha preocupado. De ahí al mercadeo con los títulos universitarios, solo ha habido un paso corto. Sinvergüenzas, en este patio de Monipodio que es España, tiene que haberlos también en la universidad.

La Conferencia de Rectores tiene el deber de afrontar sin más demora esta crisis de reputación sin precedentes. Qué torpeza, cuánta indolencia, cuánto desamparo con esta CRUE. Y debe hacerlo de manera tajante e inflexible porque la demanda de la ciudadanía es que la institución universitaria siga siendo un referente de probidad para la sociedad. La clase política seguirá a lo suyo, porque la universidad no está en las prioridades de la política de Estado, salvo cuando se trata de reducir el déficit público. Harán y desharán a su antojo. La investigación y la formación como gasto, y no como inversión. Lo han hecho todos los gobiernos, unos con más inquina ideológica que otros, sin que ninguna reforma legislativa del sistema universitario español haya redundado en beneficio directo de una universidad pública más eficiente, más rigurosa, más competitiva, más responsable y más autónoma. Pena de país.