El 21 de junio cumplí 15 años como doctor en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Sevilla. Han sido quince años en los que la universidad española se ha transformado. En diciembre de 2001 se derogó la Ley de Reforma Universitaria (LO 11/1983 ) con la que inicié mis estudios universitarios. Concluí dichos estudios con la obtención del título de doctor y fue entonces cuando emprendía una reforma de calado con el horizonte del Espacio Europeo de Educación Superior ( i.e. Plan Bolonia), reforma que se modulaba con la controvertida Ley Orgánica de Universidades -LOU (LO 6/2001), aprobada por un Gobierno en mayoría absoluta del Partido Popular. Su convulsa promulgación y el cambio de color en el gobierno en marzo de 2004 (victoria del PSOE de Rodríguez Zapatero), dio como respuesta una nueva ordenación mediante la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Universidades – LOMLOU (LO 4/2007). Más cerca en el tiempo y con la excusa de la crisis y con gobierno popular de nuevo, mediante la aprobación de varios reales decretos (Real Decreto-ley 14/2012 y Real Decreto 43/2015) concernientes a temas de relevancia para la universidad como el sistema de becas, las nuevas estructuras de programas de grado, posgrado y doctorado, la ampliación de la docencia presencial o la regulación de los sistemas de acreditación para el acceso al cuerpo de funcionarios docentes,… la universidad vive su penúltimo cambio de rumbo. Dicho cambio ha estado inspirado en el color de los gobiernos y, sobre todo, en las exigencias de una reformas adaptadas a los requerimientos de partners poderosos, ajenos tantas veces a los intereses de la universidad pública.
Tras la segunda resaca electoral (y puede que no la última) de los últimos seis meses, el horizonte político de este país no es muy halagüeño. Pocas esperanzas para la población española y sus importantes problemas (desempleo, recortes sociales, corrupción política…), en general, y, en particular, para el futuro de la universidad pública española, a la que no han dudado en recortar cuando las exigencias europeas han impuesto limitaciones del gasto público. Tampoco han dudado, ni los unos ni los otros, en utilizarla como arma política de destrucción de lo avanzado en cada legislatura, que en algunos casos ha podido ser bueno y favorable para los intereses de la comunidad universitaria, pero que siempre ha supuesto un cambio en las reglas del juego de nuestro sistema universitario y ha provocado un contexto turbulento, incierto e inestable. Este contexto es el que ha supuesto un sobre esfuerzo de adaptación para los afectados (profesores y estudiantes, principalmente) que, en ocasiones, se ha traducido en desencuentros entre las administraciones competentes, los equipos de gobierno de las universidades y la propia comunidad universitaria.
Desde la universidad pública esperábamos con ilusión mejoras significativas en los modelos de financiación: una apuesta firme por la investigación, la dignificación de las condiciones del profesorado, carrera académica y posibilidades de promoción razonables desde el equilibrio de las labores docentes e investigadoras, finalizar con el recorte de las becas y el encarecimiento de las tasas…. Todas estas demandas, y alguna que dejo en el tintero, las venimos reclamando desde hace años en el marco de un verdadero pacto de estado por la educación.
Pero nuestros candidatos, nuestros representantes, no han dedicado demasiado tiempo a debatir en la pasada campaña (ni en la anterior) sobre esta necesidad de mejorar la educación superior en nuestro país. Tampoco han propuesto un modelo claro de universidad en el futuro, ni mucho menos han analizado los auténticos problemas de la universidad pública española tras el periodo neoliberal de leyes y reales decretos que han ido minando y debilitando la educación superior pública para ir dejando espacio a universidades privadas, auspiciadas por la convergencia al modelo europeo de educación superior.
Hemos pasado seis meses de la XI legislatura interruptus tratando de buscar un pacto, un acuerdo entre titanes que no están dispuestos a ceder, que solo hablaban de sillones y de puestos para empezar a gobernar, sin que los programas, las ideas, y sobre todo, las soluciones fuesen el tapiz del escenario de la negociación. Y seis meses después, tras haber hablado de nuevo el pueblo en las urnas, nos encontramos con un escenario muy similar, en el que otra vez primarán, me temo, las negociaciones para permitir la gobernabilidad, los cuadres aritméticos buscando el deseado 176, pero en el que poco se hablará de ideas, de soluciones a los graves problemas de los ciudadanos de este país, y mucho menos se hablará de qué modelo quieren unos y otros para la universidad. De eso mejor ni hablamos.
Quince años llevamos esperando en la universidad pública que los políticos y los gobiernos asuman de una vez por todas la importancia estratégica que tiene, para el futuro de cualquier país, un sistema universitario competitivo, dotado de recursos permanentes para la docencia y la investigación y que sea capaz de gestionarse desde una perspectiva de eficacia y eficiencia de lo público al margen de los vaivenes políticos. Quince años que no son nada, si no fuera porque las perspectivas y la esperanza que nos dan los actuales posibles gobernantes nos hacen temer otros quince años más, por lo menos, de inestabilidad, turbulencia y recortes.
Vídeo: Chirigota de Cádiz, Vota PICHA (2002), pasodoble » Como yo pretendo hacerme con las riendas de este pueblo » (Autor: Juan Carlos Aragón).